Por Rodrigo Isasi Arce
Se buscan contratistas -mercenarios- para participar en la guerra de Ucrania contra el Ejército de Vladímir Putin. La recompensa: entre 1.000 y 2.000 dólares al día.
Si bien el Gobierno del presidente Volodímir Zelenski ya estableció la ‘Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania’ e invitó a los extranjeros a unirse voluntariamente a sus filas, esta guerra en Ucrania, como es común en los conflictos, ha atraído a los mercenarios, civiles que participan activamente en los conflictos armados.
Una corporación con sede en Estados Unidos busca agentes capaces de llevar a cabo operaciones encubiertas en suelo ucraniano, así como misiones de extracción y evacuación en las principales ciudades del país del este de Europa.
Así se extrae de la oferta de empleo que ha publicado la empresa Silent Professionals, un sitio web que recoge trabajos de defensa y seguridad privada.
Eso sí, los requisitos para conseguir el trabajo son bastante exigentes: es necesario contar con más de cinco años de experiencia militar y uno de ellos debe haber sido con experiencia de combate en el extranjero.
También, como es previsible, el candidato o candidata debe estar en muy buena forma física y, además, es requisito indispensable que posea un pasaporte de EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Polonia o la doble nacionalidad con una nación de la Unión Europa o Schengen.
Tener experiencia y conocimiento con habilidades de reconocimiento de vehículos, aeronaves y naves navales del armamento militar de la era soviética y la OTAN es un plus.
Mercenarios: sin protección legal internacional
El principal problema para los mercenarios es la desprotección legal en sus países de origen. La definición internacional de mercenario más ampliamente aceptada se encuentra en el artículo 47 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, que establece que los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra y, por lo tanto, no gozarán de esos privilegios y pueden ser tratados como terroristas o insurgentes.
El Ministerio de Defensa de Rusia ya ha alertado precisamente de que no reconocerá como prisioneros de guerra a los mercenarios extranjeros que luchen en Ucrania contra el Ejército ruso.
En el caso de España, estuvo funcionando una especie de compañía militar privada (PMC), UC Global, con sede en Jerez de la Frontera desde 2017, pero el experimento no acabó saliendo bien y tuvo que cerrar sus puertas. No fue por falta de fondos ni por quiebra: su fundador, David Morales, reconoce a El Periódico de España que la empresa llegó a facturar ocho millones de euros al año y que tenía más de 80 trabajadores.
El problema es que Morales está inmerso en un proceso judicial por presuntamente haber espiado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuando estaba refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres, y eso fue lo que acabó con UC Global.
